Zimbabue firma un acuerdo de 3’5 billones de dólares para compensar a los agricultores blancos tras la reforma agraria del 2000

El pasado 29 de Julio, el Gobierno de Zimbabue, presidido por Emmerson Mnangagwa, firmó un acuerdo de 3,5 billones de dólares con el fin de compensar a los agricultores británicos por la pérdida de terrenos agrícolas tras el programa de redistribución de la tierra que llevó a cabo el ex Presidente Robert Mugabe en el 2000, lo que ha causado una ola de críticas.

Este acuerdo es fruto de un escenario de inestabilidad política, recesiones económicas y una dura crisis climática. Esta controvertida medida ha generado importantes críticas tanto por parte de la opinión pública internacional, como de los partidos políticos de la posición a Mnangagwa. «Tenemos la sensación de que Mnangagwa está profundamente mal informado sobre las causas reales de esta crisis en Zimbabwe o simplemente está capitulando ante la presión del mundo supremacista blanco» denunciaban desde Economic Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad Económica) mediante un comunicado en el medio NewZimbawe.es

Durante la colonización, los británicos en el territorio africano se hicieron con gran parte de los terrenos más fértiles de Zimbabue. (En 1980, 4500 granjeros británicos poseían el 40% de las tierras, siendo estas las más fértiles del país, mientras que el resto de la población vivía y producía en áreas comunales, improductivas para cultivos a gran escala y marcadas por la falta de recursos y superpoblación). Los últimos años de ocupación colonial en África estuvieron marcados por la guerra de guerrillas en el contexto de la Guerra Fría. Hacia finales de los 70, la política exterior británica comenzó a estar preocupada por la posibilidad de brotes radicales en el sur de África, razón por la cual centró sus esfuerzos en lograr una transición negociada hacia el neocolonialismo.

En 1980, Zimbabue logró la independencia de Gran Bretaña, alzándose Robert Mugabe como líder popular. Es entonces cuando se firmó el Acuerdo de Lancaster House que recogía las condiciones para garantizar la constitución de la independencia. Este pacto prohibía la redistribución de la tierra durante los 10 años siguientes a la independencia, así como la permanencia de un sistema parlamentario multipartidista vinculado al control británico durante el mismo período de tiempo.

Mugabe asumió la presidencia tras adquirir gran influencia y poder el 31 de diciembre de 1987. La tensión creció a principios del 2000, cuando antiguos combatientes zimbabuenses de la guerra contra el régimen colonial comenzaron a ocupar las propiedades de los agricultores blancos como reivindicación de la independencia real del país. El progresivo aumento de los enfrentamientos entre los agricultores colonos y la población zimbabuense llevó al presidente Mugabe a desarrollar políticas de reforma agraria que pretendían devolver a los ciudadanos zimbabuenses los terrenos que fueron suyos antes de la colonización.

“Ni siquiera deberíamos defender nuestra posición en los tribunales. Este país es nuestro país y esta tierra es nuestra tierra … Ellos piensan que porque son blancos tienen un derecho divino sobre nuestros recursos. Aquí no. El hombre blanco no es originario de África. África es para los africanos, Zimbabue es para los zimbabuenses.”

ROBERT MUGABE, SOBRE LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS.

La escasa legislación en el contexto de la reforma agraria provocó revueltas en las que se expulsaron a unos 4000 agricultores británicos de sus tierras; se prendió fuego a sus viviendas y se cometieron actos de violencia. La reforma agraria no gustó al Gobierno británico, hasta el punto en que el entonces Primer Ministro, Tony Blair, desincentivó en 2003 realizar transacciones con Zimbabue, respaldándose en que el país africano estaba llevando a cabo acciones poco democráticas. La Unión Europea y los Estados Unidos apoyaron la decisión de la administración inglesa e impusieron sanciones económicas, además de trabas comerciales.

Asimismo, la mayor parte de los terrenos se entregaron a funcionarios y miembros leales al Gobierno de Mugabe, sin exigir ningún tipo de formación agroalimentaria. Fue así como los terrenos llegaron a manos de individuos que desconocían el sector y que no fueron capaces de gestionar los recursos de una forma eficaz. Como resultado, entre 2001 y 2006 la producción agrícola total cayó alrededor de un 60%.

A raíz de esta sucesión de acontecimientos, Zimbabue se encuentra en el inicio de la hiperinflación económica a causa de las sanciones internacionales y de la caída de la producción agrícola a inicios del 2000. A esta situación se sumaron numerosas sequías en varias partes del país, problemas de suministros de agua potable, así como su consecuente hambruna. El resultado fue un constante y exponencial malestar de la población que concluyó con un alzamiento militar para destituir al autocrático Mugabe tras 37 años de mandato el 21 de noviembre de 2017.

Emmerson Mnangagwa, hasta entonces vicepresidente del Gobierno de Mugabe, se autoproclamó presidente de Zimbabue 48 horas después del levantamiento militar. Gran parte de los habitantes de Zimbaue, así como un notable número de instituciones políticas internacionales celebraron que Mugabe abandonara el Gobierno, aunque para muchos de ellos aún no quedaban claras las intenciones de Mnangagwa. Por un lado, la principal alianza opositora de Sudáfrica, la Alianza Democrática, celebró la noticia señalando que Mugabe había pasado de “libertador a dictador”. También la Primera Ministra Británica se posicionó afirmando que la renuncia de Mugabe ofrecía a Zimbabue la oportunidad de forjar un nuevo camino libre de la opresión que caracterizó su gobierno. Por otra parte, el abogado y político opositor zimbabuense, David Coltart, se manifestó preocupado en Twitter al mencionar que se había eliminado a un tirano pero no a la tiranía.

Fuente: David Coltart. (21 de Noviembre de 2017) “We have removed a tyrant but not yet a tyranny. But we thank God for this day” Recuperado de https://twitter.com/DavidColtart/status/933009002891530241

Para hacer frente al pago de 3,5 billones de dólares, el Gobierno ha propuesto emitir un bono a largo plazo en los mercados financieros para recaudar fondos. Teniendo en cuenta que el país africano carece de entidades financieras consolidadas que sean capaces de hacer frente a estos pagos en un marco económico internacional, esta medida resulta impracticable. Como alternativa, ha solicitado a donantes internacionales que le ayuden a ingresar los fondos necesarios. Si estas opciones no recaudan los fondos suficientes, otra propuesta presentada por el Gobierno es vender terrenos municipales que rodeen las ciudades más importantes del país. Este acuerdo llevaría al país africano a una nueva, pero no desconocida, situación de dependencia de agentes internacionales capitalistas.

Zimbabue hace frente en la actualidad a numerosos problemas urgentes de solvencia económica, hambruna, sequías y malestar social. Antes del COVID19, los trabajadores sanitarios se manifestaron durante meses por la falta de cobros de salarios y la posterior pandemia mundial ha empeorado mucho esta cuestión. Además, la economía está en uno de sus puntos más bajos históricamente con una inflación del 737.7%, por lo que compensar a los agricultores blancos no parece ser para la opinión pública una de sus prioridades.

A pesar de esta situación de inestabilidad, Zimbabue tiene el potencial de alcanzar la estabilidad política y económica si hace frente a la corrupción y el exceso de gastos del Gobierno. Sería recomendable fomentar el diálogo social y llevar a cabo políticas coherentes con las necesidades del país, quizás reintroduciendo su propia moneda para abandonar el dólar y tomando el mando de las políticas monetarias de nuevo.